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SENTENCIA No. 02/2009

Causa : No. 20/2008.

Proceso: Interdicto de Recobrar y Retener la Posesión

Demandantes : Jorge Lladó Pereyra, representado por Roberto Mercado Herrera

Demandados: Modesto Molina Menacho, Danner Molina Menacho, Carlos

Capobianco, Wilton de Oliveira Machado, Antonio Fair Fernández y Wilson Cuellar

Distrito: Santa Cruz

Asiento Judicial : Pailón

Fecha : 1 de abril de 2009

Juez : Dr. Cecilio Vega Oporto

VISTOS: La demanda interdicto de recobrar la posesión interpuesto por Roberto Mercado Herrera, en representación de Jorge Lladó Pereyra en contra de Modesto Molina Menacho, Danner Molina Menacho, Carlos Capobianco, Wilton De Oliveira Machado, Antonio Fair Fernández y Wilson Cuellar, y la demanda reconvencional de interdicto de retener la posesión interpuesto por Danner Molina Menacho, en contra de Jorge Lladó Pereyra y todo lo actuado a fs. 927, se tuvo presente y;

CONSIDERANDO:

Que, Roberto Mercado Herrera, en representación de Jorge Lladó Pereyra, según testimonios de poder Nos. 396/2008 y 726/2008, mediante memorial cursante a fs. 47 a 50 de obrados interpone demanda Interdicto de Recobrar la Posesión, en contra de Modesto Molina Menacho, Danner Molina Menacho, Carlos Capobianco, Wilton De Oliveira Machado, Antonio Fair Fernández y Wilson Cuellar, sobre el predio rústico denominado Los Mangos de 3.000,00 Has. (Tres mil hectáreas) según documentos y 3.091.8271 (Tres mil noventa y un hectáreas con ocho mil doscientos setenta y un metros cuadrados) según mensura, manifestando que su mandante es propietario de un predio rústico que según documentos e inscripción en Derechos Reales se encuentra ubicado en el cantón Izozog, provincia Cordillera y según datos e información técnica del IGM, se encuentra ubicado en la comprensión de la provincia Chiquitos, Segunda Sección, Cantón El Cerro, aproximadamente a 700 mts. del límite entre las provincias Cordillera y chiquitos, afirmando que dicho fundo rústico lo adquirió mediante compra de su anterior propietario Carlos Capobianco Achá, y que según documentos colinda al norte con las propiedades El Naranjito y Guapomó, al sur con terrenos baldíos, al este con la propiedad El solitario y al oeste con la propiedad El Tigre, aclarando que esos límites a la fecha han sufrido modificaciones por las traslaciones de dominio efectuadas por sus propietarios, limitando al norte con la propiedad Doña Francisca de Antonio Yair, al sur con terrenos fiscales, al este con la propiedad de la empresa AgroBolivia y al oeste con la propiedad de Jorge Boheme. Asimismo, afirma que desde que tomó posesión hace más de trece años su mandante ha realizado como mejoras 300,00 Has. (Trescientas hectáreas) desmontadas las cuales estaban siendo preparadas para sembrar cuando sucedió el abusivo y violento lanzamiento; campamento para trabajos agrícolas y delimitación de todo el perímetro de la propiedad con trabajos de maquinaria pesada.

Que, asimismo, afirma que en fecha 21 de junio de 2008 en horas de la tarde Modesto Molina Menacho, Dagner Molina Menacho, Carlos Capobianco, Wilton Machado, Antonio Fair Fernández y Wilson Cuellar ingresaron violentamente al interior del predio Los Mangos y retiraron la maquinaria de propiedad de Hugo Antelo Zankys, quién fue contratado para la limpieza de los barbechos del predio, que posteriormente el 24 de junio de ese año a horas 19:00 nuevamente invadieron el predio acompañados de 15 personas con escopetas y cuchillos en estado de ebriedad, quienes les otorgaron un plazo de dos horas para que se retiren junto a la maquinaria que continuaba trabajando, con la amenaza de atenerse a las consecuencias en caso de no obedecer la orden, habiendo sido agredidos físicamente sin dejarles otra opción que el abandono del predio y de la maquinaria en sus manos, habiendo sólo sacado un tractor oruga, una chata y una camioneta, quedando en el predio un tractor oruga, dos romeplowe y toda la infraestructura del campamento que fue destruida, habiéndose apropiado de una radio de comunicación marca Yaesu y otros objetos de trabajo de campo, habiendo sido expulsados y una vez posesionados los ahora demandados procedieron de inmediato a alterar los deslindes, alambrando y loteándose. Aclara que el despojo sufrido y la dolosa posesión la mantienen de forma precaria sobre 330,00 Has. (Trescientos treinta hectáreas) que su mandante tiene desmontado al interior de su predio, realizaron el alambrado de todo el perímetro de la propiedad aprovechando el deslinde realizado por su mandante en 1996, asimismo afirma que de igual manera se encuentran asentados en una superficie aproximada de 4,00 Has (Cuatro hectáreas) al sur del predio, montando campamentos precarios y realizado trabajos de limpieza recientes, afirmando que las personas asentadas en sus declaraciones dentro de la denuncia interpuesta en su contra ante el Ministerio Público de Cotoca afirmaron que no se retirarán del predio mientras no se los ordenen Modesto Molina Menacho y Dagner Molina Menacho, por lo que amparado en el Art. 39, numeral 7 de la Ley 1715, Art. 1461 del Código Civil y 607 del Código de Procedimiento Civil, demanda interdicto de recobrar la posesión del predio Los Mangos en contra de Modesto Molina Menacho, Dagner Molina Menacho, Carlos Capobianco, Wilton Machado, Antonio Fair Fernández y Wilson Cuellar, al ser los artífices materiales del ingreso violento con armas de fuego y uso de la fuerza para avasallar la posesión pacífica, continua y legal de su mandante desde hace 13 (trece) años, pidiendo que previo trámite se declare probada su demanda, ordenando la inmediata restitución de la posesión a su mandante en la totalidad del predio y alternativamente se ordene la restitución de la posesión en todas las áreas de asentamientos recientes, clandestinos y violentos con orden de lanzamiento y auxilio de la fuerza pública, acompañando en calidad de prueba documental las cursantes de fs. 2 a 46 de obrados.

Que, admitida la demanda y corrido traslado a la parte demandada, Wilton De Oliveira Machado, en calidad de co-demandado contesta la demanda manifestando que en esa zona ni en ningún otro lado tiene un solo metro de terreno, señala que es un simple comunario que presta servicios a la comunidad en desmonte y otros trabajos correspondientes al agro, afirma desconocer los fundamentos y causales de la demanda, y que se pondrá a derecho, reiterando que es simplemente es un comunario trabajador de campo jornalero que nunca se introdujo en terreno de nadie, pidiendo que se le demuestre las sindicaciones en su contra, de lo contrario pide se aplique las sanciones que establece la ley contra las personas inescrupulosas que sin argumentos pretenden perjudicar la honorabilidad de las personas, en calidad de prueba adjunta una libreta de familia y fotocopia simple de su pasaporte. Posteriormente mediante providencia cursante a fs. 86 de obrados se dio por apersonado y por aclarado los apellidos correctos De Oliveira Machado y se tuvo por contestada la demanda.

Que, Carlos Capobianco Menacho, mediante memorial cursante a fs. 85 y vta. en su calidad de co-demandado contesta la demanda negando en todos sus extremos, negando fungir como propietario de algún fundo y menos haberse introducido o posesionado en alguno de ellos, aclarando que en el indicado fundo nunca realizó trabajos, pero que sí conoce antecedentes de acciones legales que realizó el actual demandante en contra de personas débiles existentes en la zona, apoderándose de tierras ajenas, para luego comercializarlas. En cuanto a su ocupación laboral manifiesta que realiza trabajos de alambrado, corte de madera para postes, apertura de deslindes y otros trabajos de campo, para quién la solicita. Asimismo, afirma que tiene entendido que el terreno que alega el contrario pertenece a Dagner Molina Menacho, quién tiene esas tierras completamente trabajadas con mejoras de consideración, en cambio al demandante nunca se lo vio en la zona, acompañando en calidad de prueba documental de descargo en fotocopias simples las cursantes de fs.74 a 84 de obrados.

Que, por su parte Danner Molina Menacho, mediante memorial cursante de fs. 105 a 108 vta. contesta la demanda afirmando que Roberto Mercado Herrera apoderado de Jorge Lladó Pereira, demanda interdicto de recobrar la posesión contra Dagner Molina Menacho, que resultaría ser otra persona, no así a su persona, porque su nombre es Danner Molina Menacho, rechazando la referida demanda por tratarse de persona diferente a la suya, cuestionando la demanda por no haber cumplido con el numeral 4 del Art. 327 del Código de Procedimiento Civil por no identificar el nombre correcto del demandado; sin embargo, sin haber opuesto excepción alguna para enervar la demanda, contesta y reconviene a la misma afirmando que Roberto Mercado Herrera pretende sorprender la buena fe de la autoridad y de la parte demandada con argucias, maquinaciones, fraude procesal y otros con la ubicación de su supuesto predio denominado Los Mangos, ubicado en el cantón Izozog, provincia Cordillera de éste Departamento, según documentación que arrima a su demanda, cuestionando la competencia del juzgador, afirmando que la competencia corresponde al Juzgado Agrario de la provincia Cordillera, sin oponer la excepción de incompetencia ni declinatoria de competencia. Por otro lado afirma que tiene posesión pacífica de la propiedad Fabiola, que anteriormente el demandante le planteó una denuncia y querella ante el Fiscal de Materia de Pailón por los supuestos delitos de allanamiento de domicilio, y robo agravado que culminó con el rechazo de la misma, presentado con el afán de invadir su propiedad tanto por el apoderado como por el poderdante. Posteriormente señala que su propiedad denominada Fabiola se encuentra plenamente identificada ya que viene trabajando desde el año 1995, donde afirma poseer mejoras concernientes a vivienda, desmonte, pozo de agua, caminos estables y sus respectivos deslindes. Afirma que el demandante pretende trasladar su propiedad de una provincia y cantón a otra provincia y cantón y lo único que trata es de apoderarse de su predio, que jamás fue eyectado de su supuesto predio, mas bien afirma haberle socorrido con el hospedaje de su maquinaria supuestamente en mal estado; finalmente afirma que el demandante ha presentado una desatinada demanda donde supuestamente tiene 13 (trece) años de trabajo en su imaginario predio Los Mangos, pero hay que identificar el predio real y no sobreponerse a propiedades establecidas y pide que en sentencia se disponga improbada la demanda interpuesta supuestamente en contra de su persona.

Que, asimismo, Danner Molina Menacho reconviene la demanda por interdicto de retener la posesión afirmando ser propietario del predio Fabiola con una superficie de 5.000,00 Has. (Cinco mil hectáreas), ubicado en el cantón El Cerro, provincia Chiquitos de éste Departamento, con las siguientes colindancias: al norte con la propiedad Doña Francisca, al sur con la propiedad El Bacho y propiedad el Tajibo, la misma que posee y trabaja desde 1995 y su derecho se encuentra registrado en Derechos Reales bajo la matrícula No. 7051020001113 de 28 de agosto de 2008; de igual manera menciona que el 7 de mayo de 2008, su persona en calidad de propietario del predio Fabiola concedió un permiso para que Roberto Mercado dejara dentro de su predio una maquinaria de trabajo porque había sufrido desperfecto mecánico que impedía trasladarla, posteriormente le sienta denuncia por allanamiento de domicilio y otros delitos el 24 de junio de 2008, la misma que concluyó con el rechazo por no tener fundamentos legales las acusaciones contra su persona y desde esa fecha han venido amedrentando y tratando de ingresar a una parte de su predio no dejando trabajar a sus trabajadores y tener en zozobra a sus cuidantes. Finalmente afirma que trató de persuadir a su avasallador que cese en su afán de ingresar a su propiedad y hacer ocupación física que nunca estuvo ya que su predio es en otro cantón y provincia, siendo vanos sus intentos ya que hoy se ve sorprendido con la demanda, dirigiendo la demanda contra Roberto Mercado Herrera, sobre una superficie de 3.000,00 Has. (Tres mil hectáreas) que corresponden a una parte de su predio denominado Fabiola, pidiendo que en sentencia se declare probada su demanda de reconvención e infundada la demanda principal y se le ampare en la posesión de todo su predio, que el demandado se abstenga de cometer actos de despojo u otros que ha venido tratando, imponiéndole el pago de daños, perjuicios y costas. En calidad de prueba documental de descargo y de cargo acompaña la cursante de fs. 89 a 104 de obrados.

Que, mediante providencia de fs. 109 se tiene por contestada la demanda, se da por aclarado el nombre correcto de Danner Molina Menacho y se observa la demanda reconvencional, en lo referente al reconvenido que resulta ser sólo apoderado y no parte principal del proceso, asimismo con relación a la ubicación, límites y colindancias de la superficie que pretende retener. Al respecto, Danner Molina Menacho mediante memorial cursante a fs. 120 y vta. subsana las observaciones a la demanda reconvencional afirmando que la interpone contra Jorge Lladó Pereyra, poderdante de Roberto Mercado Herrera, aclarando que el área pretendida por Jorge Lladó se encuentra dentro de la propiedad Fabiola que de acuerdo a la nueva delimitación cantonal se encuentra en la jurisdicción de los cantones Tres Cruces y Pozo del Tigre de la provincia Chiquitos, en una extensión superficial de 2.989,0128 Has. (Dos mil novecientos ochenta y nueve hectáreas con ciento veintiocho metros cuadrados), asimismo aclara las colindancias y ratifica su contestación a la demanda principal, pidiendo la admisión de la demanda reconvencional interpuesta contra Jorge Lladó Pereyra.

Que, por su parte Modesto Molina Menacho, mediante memorial cursante a fs. 110 y vta. contesta la demanda afirmando que no tiene nada que ver con la demanda interpuesta en su contra por Roberto Mercado Herrera, supuesto apoderado de Jorge Lladó Pereyra, porque hasta la fecha no ha despojado a nadie y que con el demandante nunca tuvo una controversia de terreno, peor tener una propiedad en el supuesto predio Los Mangos ubicado en el cantón Izozog, provincia Cordillera de éste Departamento según documentación arrimada a su demanda; asimismo por ese motivo cuestiona la jurisdicción del juzgador para el conocimiento de dicho proceso, atribuyendo la jurisdicción al Juzgado Agrario de la provincia Cordillera, sin hacer uso de la excepción, ni incidente alguno para impugnar la competencia del juzgador, sino más al contrario pide que en sentencia se disponga improbada la demanda interpuesta en su contra, reiterando que jamás ha perturbado a nadie en su posesión o tenencia de algún terreno rústico.

Que, habiendo sido corrido traslado con la demanda reconvencional de interdicto de retener la posesión, Roberto Mercado, en representación de Jorge Lladó Pereyra, mediante memorial cursante a fs. 181 a 184 contesta a la misma negando en todos sus extremos, afirmando que su mandante es legítimo propietario del predio Los Mangos al haber obtenido mediante compra venta el 9 de agosto de 1995, cuyos antecedentes se encuentran inscritos en Derechos Reales y que desde esa fecha hasta el presente se encuentra en posesión real y definitiva sobre su fundo en forma pacífica y continuada, y en ningún momento avasallo derecho propietario de nadie, menos legal posesión sobre la propiedad denominada Fabiola, porque dicho fundo no tiene existencia física. Con relación a las mejoras introducidas por el reconvencionista afirma que no tiene conocimiento alguno, que su mandante en su predio ha introducido una serie de mejoras, que sus tierras estaban siendo negociadas por Danner Molina Menacho para venderlos al mejor postor, manifestado que no solamente su hermano Modesto Molina, sino que también todos sus testigos tienen interés sobre sus predios.

Que, asimismo, menciona que el reconvencionista pretende adueñarse y permanecer en posesión de las tierras de su representado que jamás le pertenecieron y que jamás estuvo en posesión hasta su ingreso violento y clandestino, poniendo en su lista de testigos a quienes también tienen interés sobre sus tierras por lo que oponen tacha relativa contra todos los testigos propuestos por el demandante y rechazan la demanda reconvencional afirmando que el reconvencionista funda su derecho posesorio en la compra del predio Fabiola en el año 1995 desde que estaría en posesión, lo cual es acusada de falsedad por cuanto la Sra. Marianela Ossio de Tórrez, quien transfiere el predio Fabiola a Danner Molina Menacho se encontraba muerta desde el año 1985, diez años antes de la supuesta transferencia, también afirma que su esposo Gerardo Tórrez Antezana, quien es Presidente de la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito de La Paz y copropietario del fundo Fabiola, indicó que jamás ha vendido dicho predio, peor su finada esposa, aclarando que éste no es el proceso donde se debe ventilar el derecho propietario, siendo el motivo de la litis el avasallamiento perpetrado por los demandados que con violencia despojaron la posesión que mantiene hace más de trece años; asimismo, niega que haya sido socorrido con hospedaje de sus maquinarias que supuestamente se encontraban en mal estado, aclarando que el Fiscal de Materia Jorge Bravo designó como depositario a Carlos Capobianco a quién luego de habérsele solicitado la entrega no lo hizo; por otro lado afirma que las mejoras introducidas en el predio Los Mangos 300,0000 Has. (Trescientas hectáreas desmontadas) pertenecen a su mandante en sociedad con Hugo Antelo Zankys, mejoras que afirma fueron reconocidas por el Inspector de Trabajo y Justicia Campesina en el año 1996 mediante sentencia ejecutoriada. De igual manera, afirma que el demandado es despojador de propiedad ajena, detenta una pequeña parte del predio de su representado en forma ilegal, desconociendo la transferencia realizada por ser ilegales y que su poderconferente es poseedor natural y civil del predio Los Mangos que quiere apropiarse el reconvencionista, donde afirma que ha construido todas las mejoras introducidas al predio y que la ley ampara su derecho, haciendo cita a los Arts. 2 y 3 de la Ley 1715 y Arts. 87 y 88 del Código Civil.

Que, finalmente el demandante reconvenido opone las excepciones de incapacidad o impersonería del reconvencionista, afirmando que el demandado es incapaz porque no puede ser sujeto activo para actuar en el presente proceso por tener ineptitud legal para el goce del derecho propietario de la posesión que pretende, cayendo en una incapacidad absoluta y que no tiene la calidad jurídica ni la capacidad legal para comparecer en juicio, ni para litigar, pidiendo se declaren probadas las excepciones de incapacidad o impersonería de los demandados y se declare probada su demanda interdicto de recobrar la posesión mas pago de daños y perjuicios y costas; asimismo se declare improbada la demanda reconvencional de los demandados, ratificándose en todas las pruebas aportadas cursantes de fs. 1 a 46, asimismo acompaña prueba documental en fotocopias simples las cursantes de fs. 178 a 180 vta.

Que, asimismo, habiéndose ordenado por distintos actos en aplicación de la Sentencia Constitucional No. 1351/2003-R, la citación en calidad de terceros interesados a Ronald Feeney Krause mediante providencia de fs. 125 y notificado a fs. 140, a Hugo Antelo Zankys mediante providencia de fs. 144 y 148 y notificado a fs. 156, a Jair Antonio Leonardi Casarotto y Francisco Xavier Monteiro Scudeller en audiencia mediante providencia de fs. 205 y Auto No. 08/2009 de fs. 217 y vta., siendo citados según consta a fs. 282 y 283 de obrados. No contestaron la demanda principal ni la reconvención Ronald Feeney Krause, ni Hugo Antelo Zankys, por lo que mediante providencias cursantes a fs. 185 y 191, respectivamente se tuvo por no contestada la demanda y la reconvención por parte de los nombrados terceros interesados. Sin embargo, contestaron la demanda y reconvención los terceros interesados Jair Antonio Leonardi Casarotto y Francisco Xavier Monteiro Scudeller, mediante memorial cursante a fs. 686 a 693 vta. afirmando que mediante contrato privado de fecha 11 de junio de 2008, Danner Molina Menacho con la anuencia de su esposa Roxana Román de Molina le transfieren a título de compraventa bajo la modalidad de plazos o con reserva de propiedad una fracción de 2.553,0000 Has. (Dos mil quinientos cincuenta y tres hectáreas) que se desprenden de un fundo rústico de mayor extensión denominado Fabiola, ubicado en el cantón El Cerro, provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz, que a su vez la hubieron por compra de Gerardo Tórrez Antezana y Marianela de Tórrez, afirmando que como efecto de la transferencia a su favor contra firma del referido documento en forma inmediata tomaron posesión real y corporal en una fracción del fundo transferido de aproximadamente 1.500,0000 Has. (Mil quinientas hectáreas), perforando pozos de agua, instalado campamentos, alambrado de todo el perímetro de su propiedad, señalando que la traslación de su posesión y derecho propietario se encuentra inscrito en Derechos Reales y que por ello cumplen con los requisitos legal y formal de la publicidad previsto por el Art. 1538 del Código Civil y cuestionan el documento de transferencia de Carlos Capobianco Achá sobre el predio Los Mangos a favor de Jorge Lladó Pereyra, afirmando que dicho documento no surte efectos contra terceros al no cumplir con la publicidad prevista en la antes citada disposición legal, además de ser nulo por no cumplir con el requisito previsto en el Art. 2 de la Ley de la Abogacía y que dicho predio ubicado en el cantón Izozog de la provincia Cordillera, según inscripción en Derechos Reales aún le corresponde a Carlos Capobianco Achá y el predio El Tigre le corresponde a Freddy Vargas Revollo. Con relación a la nulidad aludida sobre el contrato de transferencia por el que Danner Molina Menacho compra de Gerardo Tórrrez Antezana y Marianela de Tórrez el fundo Fabiola afirman que la nulidad de un contrato debe ser declarada mediante sentencia judicial debidamente ejecutoriada y que si así fuera no les alcanza, finalmente manifiestan que contestan la demanda interdicto de recobrar la posesión rechazándola y negándola en todos sus extremos, pidiendo se dicte sentencia declarando improbada la demanda con costas. Por otro lado plantean excepción de incapacidad del actor con el argumento de que el actor nunca ni jamás tuvo posesión sobre el fundo rústico de su propiedad Fabiola y que la presunta posesión que invoca nunca podrá ser sustentada en derecho de propiedad conforme al Art. 1538 - II del Código Civil. Asimismo reconvienen por interdicto de retener la posesión, la misma que fue rechazada por no ser demandados, sino terceros interesados. En calidad de prueba acompaña la prueba documental de fs. 286 a 685 de obrados.

Que, los codemandados Antonio Fair Fernández y Wilson Cuellar, al igual que los terceros interesados Ronald Feeney Krause y Hugo Antelo Zankys, no contestaron la demanda en el plazo previsto por el Art. 79, parágrafo II y 89 de la Ley 1715, por tanto se tuvo por no contestada la demanda por parte de los nombrados co-demandados y terceros interesados.

Que, por otro lado, Ronald Feeney Krause, Jorge Boehme Krziwan y Laura Ursula Velarde Herrera, mediante memorial cursante a fs. 839 a 842 de obrados, interponen tercería de derecho preferente, afirmando ser propietarios del predio Algarrobo, ubicado en la división de los cantones El Cerro e Izozog de las provincias Chiquitos y Cordillera respectivamente del departamento de Santa Cruz, donde mantienen posesión pacífica y continuada con actividad inicialmente agrícola y hoy ganadera por más de 15 (quince) años, cuyo derecho propietario se encuentra inscrito en Derechos Reales y que tiene su origen en la dotación agraria con sentencia y auto de vista, con expediente N° 56500, citando como mejoras introducidas 615 Has. (Seiscientos quince hectáreas de pastos cultivados, 280 Has. (Doscientos ochenta hectáreas) de área derribada por cadeneo usada para ramoneo de ganado actualmente avasalladas, 160 Has. (Ciento sesenta hectáreas) de área derribada por cadeneo sin uso actualmente avasalladas, división de potreros y corrales de manejo de ganado, dos pozos de agua, alambrada parcial del perímetro, delimitación con brechas a máquina de todo el perímetro, un hato ganadero promedio de aproximadamente 1000 (mil) cabezas de ganado vacuno. La tercería previo traslado a las partes y terceros interesados fue rechazada, porque la misma se encuentra destinada a la preferencia en el derecho al pago en un proceso donde se persigue el pago de una acreencia y porque en los procesos interdictos no se cuestiona el derecho propietario, sino la protección de la posesión por despojo o perturbación o amenazas de perturbación, considerando la posesión y cumplimiento de la función económico social de las partes, acompañando la documentación cursante de fs. 791 a 838 de obrados.

Que, asimismo, la empresa AgroBolivia Ltda., representada por Freddy Gutiérrez Gutiérrez, según testimonio de poder Nº 633/2009, mediante memorial cursante a fs. 874 a 875 vta. se apersona al proceso, afirmando que AgroBolivia Ltda., es propietaria del fundo rústico La Esmeralda, con una superficie de 2.000,0000 (Dos mil hectáreas), ubicado en el cantón Cerro de Concepción, provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz, donde realiza actividades pecuarias y que con relación al proceso interdicto de recobrar la posesión del fundo Los Mangos, por Roberto Mercado Herrera contra Modesto Molina Menacho, Danner Molina Menacho y otros, afirma que el mismo emerge de un presunto avasallamiento por parte de los demandados, que habrían utilizado violencia y documentos falsificados del fundo rústico denominado Fabiola, cuyo bien inmueble si bien existe, pero se encuentra ubicado en otro lugar, siendo el propietario Gerardo Tórrez Antezana y su esposa María Nela de Tórrez que lo adquirieron por dotación, sin embargo para legalizar lo ilegal se ha presentado un contrato de compraventa emergente de la fraguada escritura pública No. 392/95 de fecha 15 de mayo de 1995, protocolizada ante la Notaría de Fe Pública No. 4 de Montero y que uno de los propósitos de ese proceso agrario es de afectar derechos preconstituidos de AgroBolivia Ltda., sobre le fundo La Esmeralda ya que la burda falsificación de referencia pretende que el predio Fabiola se encuentre ubicado en el mismo lugar que el fundo La Esmeralda, pidiendo que se lo tenga por apersonado como tercero interesado y por opuesta la oposición para que con el fallo final no se afecten los derechos de AgroBolivia, acompañando la prueba documental cursante de fs. 843 a 873 de obrados.

Que, finalmente mediante memorial cursante a fs. 920 y vta. se apersona al proceso Juan Carlos Cuellar Algarañaz, afirmando que el 5 de septiembre de 2008, compró de Danner Molina Menacho y Roxana Román 1.847,0000 Has. (Mil ochocientos cuarenta y siete hectáreas) que se desprenden del predio Fabiola, y que actualmente se encuentra en posesión de dicha superficie habiendo introducido mejoras para el desarrollo de actividades ganaderas en toda el área, y que el 23 de marzo de 2009 instruyó a su casero para que espere en la reja de ingreso a su predio de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., sin que la comisión se haya hecho presente y que por ello tuvo que replegarse a su campamento, pidiendo amparado en la Sentencia Constitucional N° 1351/2003-R y Art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional, que la sentencia no afecte sus derechos adquiridos, en virtud a la naturaleza declarativa emergente de procesos interdictos con forme al Art. 593 del Código Procesal Civil, aplicable por supletoriedad prevista por el Art. 78 de la Ley 1715.

CONSIDERANDO:

Que, en la audiencia principal, la audiencia complementaria y la prórroga de la misma, donde comparecieron la parte demandante, parte de los demandados y reconviniente, así como los terceros interesados se procedió al desarrollo de las actividades previstas en el Art. 83 de la Ley 1715, dando cumplimiento a cada una de las actividades, es así que en la cuarta actividad, se hizo los esfuerzos necesarios para que las partes lleguen a un avenimiento para poder concluir de manera extraordinaria el proceso, sin que las mismas hubiesen llegado a un acuerdo, aún en la audiencia complementaria, por lo que se dio por agotada la conciliación, por consiguiente se pasó al desarrollo de la quinta actividad, donde se fijó como objeto de la prueba los siguientes puntos:

En cuanto a la demanda interdicto de recobrar la posesión, para la parte demandante demostrar: 1) Haber estado en posesión en la superficie del fundo objeto de demanda, con especificación de las actividades o mejoras que tenía, así como la ubicación y superficies de las mismas dentro del área en conflicto; 2) Tiempo de su posesión y cumplimiento de la función económico social pacífica, continuada e ininterrumpida; 3) Haber sido despojado con violencia o sin ella por parte de los demandados. 4) Fecha en que se produjo la eyección. Para la parte demandada: Desvirtuar los puntos anteriores.

En cuanto a la demanda reconvencional de interdicto de retener la posesión para la parte demandante, demostrar: 1) Posesión y cumplimiento de la función económico social actual en la superficie del fundo objeto de demanda; 2) La existencia de perturbación o amenazas de perturbación en la posesión mediante actos materiales por parte del reconvenido; 3) Fechas en que se produjeron los actos perturbatorios o amenazas de perturbación, y; 4) Tiempo de la posesión y cumplimiento de la función económico social continua e ininterrumpida del fundo objeto de demanda. Para la parte reconvenida: Desvirtuar los puntos anteriores.

En cuanto a los terceros interesados, tanto dentro del proceso interdicto de recobrar la posesión como dentro de la demanda reconvencional interdicto de retener la posesión deberán demostrar: 1) Tener o haber tenido posesión en la superficie total o parte de los predios objeto de demanda, con especificación de las actividades o mejoras que tienen o tenían, así como la ubicación y superficies de las mismas dentro del área en conflicto; 2) Que las mejoras introducidas en el predio en conflicto no fueron realizados por el demandante ni por los demandados y reconviniente, y; 3) Tiempo de posesión pacífica, continua e ininterrumpida en el área en conflicto.

Por consiguiente, corresponde que en virtud a las pruebas documental, testifical, pericial e inspección judicial que cursan en obrados, establecer los hechos probados y los no probados, con relación a las superficies en conflicto de los predios Los Mangos sobre aproximadamente 3.000,0000 (Tres mil hectáreas), según la demanda principal y Fabiola sobre aproximadamente 2.989,0128 Has. (Dos mil novecientos ochenta y nueve hectáreas con ciento veintiocho metros cuadrados), según la demanda reconvencional.

A) DENTRO DEL PROCESO INTERDICTO DE RECOBRAR LA POSESION

I. HECHOS PROBADOS

Por la parte demandante:

1)La parte demandante demostró una aparente posesión sobre un espacio reducido a un pequeño campamento construido de carpa del área en conflicto denominado según la parte demandante Los Mangos por la presencia de dos cuidantes en dicho campamento, realizando trabajos de preparación de terrenos en la parte norte del predio, conforme se demuestra por la prueba documental de cargo cursante de fs. 202 a 203, la prueba testifical de cargo cursante a fs. 745, cuando el testigo de cargo Mario Gualuzna Chory declara que fue de cuidante, estaban desmontando y, que su trabajo era cuidar la máquina, asimismo por la prueba testifical de cargo cursante a fs. 780 vta. cuando el testigo de cargo Hermes Saucedo Mole afirma que: "Estábamos preparando el terreno para la siembra de soya y sorgo, se hizo el desmonte el año 1996 y el 2008 se estaba preparando para la siembra de soya", y que por acta de inspección judicial cursante a fs. 891 vta. se verificó la existencia de restos de troncos o palos que según el demandante correspondía a un vivienda precaria con carpa donde habitaba su cuidante y de donde fue sacado por los demandados. Se aclara que sobre el desmonte del año 1996 consistente en cinco tablones de aproximadamente 330 Has. (Trescientas treinta hectáreas) ubicadas en la parte norte del predio en conflicto, la parte demandante le atribuye al tercero interesado Hugo Antelo Zankys que habría desmontado a través de la empresa Consica, aunque la prueba testifical cursante a fs. 773 atribuye dicho desmonte a Stefanello; en cambio los tres tablones nuevos que se encuentran hacia el centro del predio se atribuye Ronald Feeney afirmando haber desmontado en junio de 2008, según la prueba de inspección judicial cuya parte pertinente del acta cursa a fs. 891 vta. de obrados.

2)Que, asimismo, la parte demandante, por las declaraciones testificales cursantes a fs. 744 y 780 y vta., demostró que fue despojada de la anterior posesión por el demandado Danner Molina Menacho mediante el uso de violencia, conforme se prueba por la declaración del testigo Hermes Saucedo Mole que afirma textualmente que "El año pasado en el 2008, Danner Molina llegó con unos camiones de Radio Movil Vallegrande y unos hombres armados y el señor Danner nos pedía la desocupación de ahí inmediatamente ..."

3)Con relación a la fecha en que se produjo la eyección, según la prueba testifical cursante a fs. 744 y 780 vta., fue el 21 de junio de 2008.

Por la parte demandada:

1.El demandado Danner Molina Menacho ha demostrado que el demandante no se encontraba cumpliendo la función económico social en el predio Los Mangos, conforme se demuestra por las respuestas dadas en el contrainterrogatorio en las declaraciones testificales de cargo prestadas por los testigos de cargo Mario Gualuzna Chory, quién a fs. 745 afirma "Bueno allá me fui de cuidante, estábamos desmontando y mi trabajo era cuidar la máquina." y Hermes Saucedo Mole a fs. 780 vta. afirma que "... en 1998 estábamos sembrando soya y posteriormente ya no, pero me quedé cuidando permanentemente cuidando la propiedad hasta el año pasado", y corroborados por el acta de inspección judicial cursante a fs. 891 vta. donde sólo se verificó rastros de una vivienda precaria de palos y carpa, lo cual no acredita el cumplimiento de la función económico social toda vez que el predio objeto de demanda se trata de una superficie 3.000,0000 Has. (Tres mil hectáreas) correspondiente a una empresa agrícola o ganadera.

2.No existen hechos probados por los co-demandados Modesto Molina Menacho, Wilton De Oliveira Machado, Carlos Capobianco Menacho, Antonio Fair Fernández y Wilson Cuellar.

Por los terceros interesados:

1)Los terceros interesados Jair Antonio Leonardi Casarotto y Francisco Xavier Monteiro Scudeller, han demostrado estar en posesión en aproximadamente 1.299,9992 Has. (mil doscientas noventa y nueve hectáreas, con nueve mil novecientos noventa y dos metros cuadrados), tienen introducidas mejoras como habilitación de barbechos de cinco tablones antiguos donde tienen sembrado pasto, y en los cuatro tablones que Ronald Feeney afirma haber desmontado, los que suman a aproximadamente 438.2001 Has. (Cuatrocientos treinta y ocho hectáreas con dos mil un metros cuadrados), además de haber alambrado todo el perímetro de la anterior superficie, divisiones de potreros, dos pozos de agua, bebederos, ganado introducido recientemente, dos tanques de agua, una de 10.000 lts. (Diez mil litros) y otra de 1000 lts. (mil litros), dos campamentos una de palos y carpa y otro de madera y en construcción una pieza de material, energía eléctrica con generador, según la prueba documental cursante a fs. 286 a 288 vta., 675 a 678, 680 a 685, la prueba pericial de fs. 899 y 902 y la prueba de inspección judicial según acta cursante a fs. 892 y 893 vta..

Los terceros interesados Ronald Feeney Krause, Jorge Boehme Krziwan y Laura Ursula Velarde, por la prueba documental cursante a fs. 801, 899 y 902 y la prueba de inspección judicial según acta cursante a fs. 891 vta., demostraron que se encuentran en posesión del área en conflicto ubicado al lado oeste de los predios en conflicto Los Mangos, Fabiola y Algarrobo, donde tienen potreros divididos con pasto sembrado, ganado, vivienda e infraestructura ganadera. Asimismo por la prueba pericial cursante a fs. 899 y acta de inspección judicial de fs. 891 vta. se demuestra que el desmonte sobre los nuevos tablones realizados en junio de 2008, ubicados al lado sur de los cinco tablones antiguos las realizó Ronald Feeney con Rogerio Prior, sobre las que actualmente se encuentran en posesión Jair Antonio Leonardi y Francisco Xavier Monteiro.

Que, Agrobolivia Ltda., como tercero interesado ha demostrado que se encuentra en posesión del predio Esmeralda, en conflicto de sobreposición con el predio Fabiola de aproximadamente 1.193,4643 Has. (Mil ciento noventa y tres hectáreas con cuatro mil seiscientos cuarenta y tres metros cuadrados), donde tiene mejoras consistentes en vivienda de madera con techo de calamina, pozo de agua, pasto sembrado y potreros en la parte en conflicto en aproximadamente 55,8901 Has. (Cincuenta y cinco hectáreas con ocho mil novecientos un metros cuadrados) según la prueba pericial cursante a fs. 899 y 902 y el acta de inspección judicial de fs. 894 vta. de obrados. Se aclara que las mejoras del predio AgroBolivia son de mayor superficie, 300 Has., según su representante, pero éstas se encuentran fuera del área en conflicto, conforme a la ilustración realizada en la prueba pericial cursante a fs. 899.

Que, los terceros interesados Jair Antonio Leonardi Casarotto y Francisco Xavier Monteiro Scudeller, mediante la prueba documental cursante a fs. 676 a 678, 680 a 685, la prueba pericial cursante a fs. 899 y la prueba de inspección judicial cursante a fs. 892 y vta., y 893 demostraron que las mejoras como el pasto sembrado, el ganado, el alambrado de todo el perímetro, la división de potreros, la vivienda, los pozos de agua, tanques de agua, no fueron realizados por el demandante ni por el demandado reconviniente, sino por ellos en forma posterior a la compra realizada al demandado reconviniente Danner Molina Menacho.

Que, con relación al tercero interesado Juan Carlos Cuellar Algarañaz, que segun el memorial de fs. 920 y vta. afirma ser subadquirente de Danner Molina Menacho sobre 1.847,0000 Has. (Mil ochocientos cuarenta y siete hectáreas) que se encuentran al lado sur de los predios en conflicto donde no se ingresó en la inspección judicial debido a que la misma con reja blanca de madera se encontraba cerrada, sin embargo la prueba pericial cursante a fs. 899 refleja la existencia de mejoras en 14,8979 Has. (Catorce hectáreas con ocho mil novecientos setenta y nueve metros cuadrados) sobre las que se obtuvo información de que se encuentra en posesión el nombrado tercero interesado, donde Ronald Feeney afirma que los Molina hicieron un desmonte de 45 mts. de ancho por 1500 mts. de fondo y que a su denuncia intervino la Forestal una máquina, asimismo afirma haber hecho un pozo de agua por su persona, según acta de inspección judicial cursante a fs. 894 y vta..

2)Los terceros interesados Jair Antonio Leonardi Casarotto y Francisco Xavier Monteiro Scudeller por la prueba testifical de fs. 773 vta., prueba pericial de fs. 899 y la prueba de inspección judicial cursante a fs. 892 y 893, demostraron que las mejoras introducidas son posteriores a la compra realizada a Danner Molina el 11 de junio de 2008.

No existen hechos probados por parte del tercero interesado Hugo Antelo Zankys.

I. HECHOS NO PROBADOS:

Por la parte demandante:

1)La parte demandante con relación al tiempo de su posesión y cumplimiento de la función económico social, demostró una aparente posesión desde el año 1996, con el desmonte de aproximadamente 320 Has. (Trescientas veinte hectáreas), la siembra de soya en el año 1998 y posteriormente hasta el 2008 sin actividad productiva, limitándose la aparente posesión al cuidado del predio, sin demostrar el cumplimiento de la función económico social, y los trabajos de desmonte que venían realizando, así como el deslinde del perímetro del predio pero no ha demostrado que antes y a la fecha en que se produjo la eyección de las tierras en conflicto, que por la superficie corresponden a la de una empresa agrícola o ganadera, éstas hayan estado cumpliendo con la función económico social con el empleo sostenible de la tierra en el desarrollo de actividades agrícolas o ganaderas, en beneficio de la sociedad, el interés colectivo y el de su titular, conforme se demuestra por la prueba testifical de cargo de Mario Gualuzna Chory y Hermes Saucedo Mole, cursantes a fs. 745, 780 vta. y 781 de obrados y el acta de inspección judicial cursante a fs. 891 vta. y 892 de obrados.

2)El demandante si bien demostró mediante la prueba testifical de fs. 780 y vta., que Danner Molina Menacho fue quién le despojó de la aparente posesión del predio Fabiola, sin embargo no ha demostrado que los co-demandados Modesto Molina Menacho, Carlos Capobianco Menacho, Wilton De Oliveira Machado, Antonio Fair Fernández y Wilson Cuellar también hayan sido los despojantes del predio Los Mangos.

Por la parte demandada:

1)Los demandados Danner Molina Menacho, Modesto Molina Menacho, Wilton de Oliveira Machado, Carlos Capobianco Menacho, Antonio Fair Fernández y Wilson Cuellar, no han desvirtuado que fueron los que ocasionaron el despojo al demandante.

2)Los demandados no han desvirtuado que el despojo al demandante fue con violencia el 21 de junio de 2008

Por los terceros interesados:

El Tercero interesado Hugo Antelo Zankys, al no haber contestado la demanda y la reconvención, por tanto al no haber ofrecido ningún medio probatorio, no ha demostrado tener o haber tenido posesión en la superficie total o parcial de los predios objeto de demanda, sino tan sólo haber realizado el desmonte de cinco tablones el año 1996, aunque dicha afirmación resulta contradictoria por la versión del testigo de descargo de fs. 773 que atribuye el desmonte a Stefanello. Asimismo Ronald Feeney se atribuye el desmonte de cuatro tablones nuevos realizados en junio de 2008 donde actualmente se encuentran asentados Jair Antonio Leonardi y Francisco Xavier Monteiro, según acta de inspección judicial cursante a fs. 891 vta., 892 de obrados.

B) DENTRO DE LA DEMANDA RECONVENCIONAL DE INTERDICTO DE RETENER LA POSESION

I. HECHOS PROBADOS

Por la parte reconviniente:

No existen hechos probados.

Por la parte reconvenida:

1.Ha desvirtuado que el reconviniente se encuentre en posesión cumpliendo la función económico social, por haber transferido casi la totalidad del predio el 11 de junio de 2008 a favor de Jair Antonio Leonardi Casarotto y Francisco Xavier Monteiro, así como el 5 de septiembre de 2008 a favor de Juan Carlos Cuellar Algarañaz, según prueba documental cursante de fs. 286 a 288 vta. y a fs. 911 a 912 vta., antes de presentar la demanda reconvencional en fecha 11 de octubre de 2008, según memorial cursante a fs. 105 a 108 vta., asimismo al hacer ingresar en contradicción al testigo de cargo Gabriel Egüez Montenegro quién primero mencionó la existencia de potreros, luego dijo que no eran potreros sino cadeneados, conforme a la prueba testifical cursante a fs. 778, y si bien el mismo testigo manifiesta que habían pozos de agua, corral de chanchos, gallinas y patos, un chaquito, yuca sembrada y verdura, pastizales donde había ganado vacuno, dicha afirmación fue desvirtuada en la inspección judicial, ya que las mejoras existentes en el predio Fabiola fueron realizados por los terceros interesados quienes se encuentran en posesión de distintas superficies, conforme se demuestra por el acta cursante a fs. 891 vta., 892, 893 y vta..

2.Ha desvirtuado que Jorge Lladó Pereyra sea quién perturbó la aparente posesión de Danner Molina Menacho, por la prueba testifical cursante a fs. 772 donde el testigo atribuye la perturbación al señor Mercado, que personalmente no es parte principal en el presente proceso sino parte accesoria al ser apoderado de Jorge Lladó que no es lo mismo.

3.Al haberse desvirtuado la perturbación por parte de Jorge Lladó Pereyra, se desvirtúa la fecha de la perturbación, según la prueba testifical de fs. 772.

4.El reconvenido desvirtuó la existencia de posesión pacífica, continuada e ininterrumpida y el cumplimiento de la función económico social por parte de Danner Molina Menacho, ya que actualmente quién se encuentra en posesión del predio Fabiola son Jair Antonio Leonardi Casarotto y Francisco Xavier Monteiro Scudeller, en los cinco tablones antiguos desmontados en 1996 y los tablones nuevos desmontados en junio de 2008; sobre la parte oeste del predio Fabiola en conflicto con el predio Algarrobo, donde se encuentran potreros con sus divisiones con pasto sembrado, ganado e infraestructura ganadera se encuentran en posesión Ronald Feeney Krause, Jorge Boehme y Ursula Velarde Herrera; sobre la parte del predio La Esmeralda de Agroboliva en conflicto de sobreposición con el predio Fabiola, se encuentra en posesión AgroBolivia y sobre la parte sur del predio Fabiola en conflicto con Los Mangos y Algarrobo se encuentra en posesión Juan Carlos Cuellar Algarañaz, según se demuestra por la prueba pericial cursante a fs. 899 y la prueba de inspección judicial cursante de fs. 891 vta, 892, 893 y vta., y 894 y vta.

Por los terceros interesados:

No existen hechos probados por el tercero interesado Hugo Antelo Zankys.

Los hechos probados por los terceros interesados Jair Antonio Leonardi Casarotto y francisco Xavier Monteiro Scudeller, Ronald Feeney Krause, Jorge Boehme, Laura Ursula Velarde, Agrobolivia Ltda. y Juan Carlos Cuellar Algarañás, son los mismos demostrados en cuanto a los hechos probados como terceros interesados para la demanda interdicto de recobrar la posesión.

II. HECHOS NO PROBADOS:

Por la parte reconviniente

1)El reconviniente Danner Molina Menacho, no ha podido sustentar el estar en posesión de las 2.989,0128 Has. (Dos mil novecientos ochenta y nueve hectáreas con ciento veintiocho metros cuadrados), del predio Fabiola demandados de interdicto de retener la posesión, según la prueba de inspección judicial cuya acta cursa de fs. 889 a 895 de obrados.

2)El reconviniente Danner Molina Menacho, no ha demostrado que quién perturbó su posesión sea el reconvenido Jorge Lladó Pereira, sino Roberto Mercado que no es el reconvenido sino apoderado del mismo, según la prueba testifical cursante a fs. 772 de obrados.

3)Al no haber demostrado que quién perturbó su posesión sea el reconvenido, tampoco puede demostrar la fecha de la perturbación realizada por el mismo.

4)La parte reconviniente si bien por la prueba testifical cursante a fs. 772 y 778 a 779, pero dicha situación no fue corroborada con la inspección judicial ya que no demostró estar en posesión real y efectiva ni demostró el cumplimiento de la función económico social anterior ni actual en el citado predio, según la prueba de inspección judicial cursante de fs. 889 a 895 de obrados.

Por la parte reconvenida:

No existen hechos no probados.

Por los terceros interesados:

El Tercero interesado Hugo Antelo Zankys, al no haber contestado la demanda y la reconvención por tanto al no haber ofrecido ningún medio probatorio, no ha demostrado tener o haber tenido posesión en la superficie total o parte de los predios objeto de demanda

CONSIDERANDO:

Que, con relación a las pruebas aportadas y producidas en la causa para demostrar los puntos establecidos en la fijación del objeto de la prueba, de acuerdo a las pretensiones planteadas en la demanda, corresponde que las mismas sean valoradas conforme al régimen agrario establecido en el Art. 166 de la anterior y Art. 397 de la Nueva Constitución Política del Estado que establecen que "El trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria ..." considerando a la posesión con su dos elementos básicos, es decir el corpus y el ánimus, así como lo dispuesto por los Arts. 1285, 1286 del Código Civil y 397 del Código de Procedimiento Civil, estableciendo el valor probatorio de cada una de ellas.

Para el anterior efecto, en principio se debe tomar en cuenta que la posesión agraria "... es un poder de hecho sobre un bien de naturaleza productiva unido tal poder al ejercicio continuo o explotación económica, efectiva y racional, con la presencia de un ciclo biológico, vegetal o animal, ligado directa o indirectamente al disfrute de las fuerzas y los recursos naturales" (Enrique Ulate Chacón, Tratado de Derecho Procesal Agrario, Ed. Jurídica Dupas, San José Costa Rica, 2001, Tomo III, pág. 153),

Asimismo, los elementos de la posesión agraria son el ánimus especial "Que es el elemento intelectual o psíquico de la posesión, que mueve al ocupante del bien y, se caracteriza por la intención de apropiarse económicamente de los frutos producidos en el bien, como consecuencia del ciclo biológico que cumple el recurso tierra"; y el corpus "Que es el elemento material o físico de la posesión, que se traducen en el ejercicio de actos materiales de detentación, como arar, sembrar en una determinada fracción de terreno. Sin embargo en la materia, el corpus no es la simple tenencia material de la cosa, por el contrario, este elemento debe manifestarse a través del ejercicio de actos agrarios estables y efectivos." (Ruffo Nivardo Vásquez Mercado, El Proceso Oral Agrario en Bolivia, Talleres Gráficos Kipus, Cochabamba, 2006, págs. 216- 217).

Los requisitos de procedencia para el interdicto de recobrar la posesión se encuentra previsto en el art. 607 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por la supletoriedad prevista en el Art. 78 de la Ley 1715, es decir que "Quien quiera que poseyendo alguna cosa, civil o naturalmente, o de ambos modos, fuere despojado con violencia o sin ella, se presentará al juez expresando la posesión en que hubiere estado, el día en que hubiere sufrido la eyección y pidiendo recibirle prueba sobre estos extremos para reintegrarlo en la posesión". Asimismo los requisitos para la procedencia del interdicto de retener la posesión se encuentra previsto en el Art. 602 del Código de Procedimiento Civil, es decir: "Que quien lo intentare se encuentre en la posesión actual o tenencia de un bien, mueble o inmueble. 2) Que alguien amenazare perturbarlo o lo perturbare en ella con actos materiales."

En ambos casos además, para la tutela de su demanda, se debe considerar el Principio de la Función Social y Económico Social "En virtud del cual la tutela del derecho de propiedad y de la posesión agraria se basa en el cumplimiento de la Función Social o Función Económico Social, conforme al precepto constitucional establecido en el Artículo 166 de la Constitución Política del Estado y de conformidad con el Artículo 2 de la Ley 1715, modificada por la presente Ley y su Reglamento". El citado precepto constitucional con la reforma constitucional, se encuentra plasmado en el Art. 393 de la Nueva Constitución Política del Estado.

En el presente caso, por la superficie de los predios en conflicto, Los Mangos de 3.000,0000 Has. (Tres mil hectáreas) y Fabiola de 2.989,0128 Has. (Dos mil novecientos ochenta y nueve hectáreas con ciento veintiocho metros cuadrados), para la tutela, se encuentran sujetos al cumplimiento de la función económico social, es decir con el empleo sostenible de la tierra en el desarrollo de actividades agropecuarias, y/u otras de carácter productivo, conforme a su capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, el interés colectivo y el de sus titulares, conforme manda el Art. 2, parágrafo II de la Ley 1715.

CON RELACION AL INTERDICTO DE RECOBRAR LA POSESION

Por la parte demandante:

1)Por la prueba documental de cargo cursante de fs. 202 a 203, la prueba testifical cursante a fs. 745 y 780 vta., y acta de inspección judicial cursante a fs. 891 vta., la parte demandante demostró haber tenido una aparente posesión sobre un espacio reducido a un pequeño campamento construido de carpa en un tablón del área en conflicto del predio Los Mangos, por lo que de conformidad al Art. 476 del Código de Procedimiento Civil, se le asigna la fe probatoria, reconocida por el Art. 1311, 1330 y 1334 del Código Civil, aplicables por la supletoriedad prevista en el Art. 78 de la Ley 1715.

2)Por la prueba testifical cursante a fs. 744 y 780 y vta., la parte demandante demostró que fue despojada de la anterior posesión por el demandado Danner Molina Menacho mediante el uso de violencia, por lo que de conformidad al Art. 476 del Código de Procedimiento Civil, se asigna la fe probatoria, reconocida por el Art. 1330 del Código Civil.

3)Asimismo por la prueba testifical cursante a fs. 744 y 780 vta., la parte demandante probó que la eyección fue el 21 de junio de 2008, es decir que el despojo se produjo dentro del año para la procedencia de la demanda, por lo que de conformidad al Art. 476 del Código de Procedimiento Civil, se le asigna la fe probatoria, reconocida por el Art. 1330 del Código Civil.

Por los terceros interesados:

Los terceros interesados Jair Antonio Leonardi Casarotto y Francisco Xavier Monteiro Scudeller, por la prueba documental cursante a fs. 286 a 288 vta., la prueba pericial de fs. 899 y 902 y la prueba de inspección judicial según acta cursante a fs. 892 y 893 vta., han probado estar en posesión de aproximadamente 1.299,9992 Has. (mil doscientas noventa y nueve hectáreas, con nueve mil novecientos noventa y dos metros cuadrados), donde tienen introducidas mejoras en a aproximadamente 438.2001 Has. (Cuatrocientos treinta y ocho hectáreas con dos mil un metros cuadrados), por lo que de conformidad al Art. 399, parágrafo II, inc. 1), 441 del Código de Procedimiento Civil, se le asigna la fe probatoria reconocida por el Art. 1311, 1333 y 1334 del Código Civil.

Los terceros interesados Ronald Feeney Krause, Jorge Boehme Krziwan y Laura Ursula Velarde, por la prueba documental cursante a fs. 801, 899 y 902 y la prueba de inspección judicial según acta cursante a fs. 891 vta., demostraron que se encuentran en posesión del área ubicado al lado oeste de los predios en conflicto Los Mangos, Fabiola y Algarrobo, donde tienen potreros divididos con pasto sembrado, ganado, vivienda e infraestructura ganadera, por lo que de conformidad al Art. 441 del Código de Procedimiento Civil, se le asigna la fe probatoria, reconocida por el Art. 1333 y 1334 del Código Civil.

El tercero interesado Agrobolivia Ltda., por la prueba pericial cursante a fs. 899 y 902 y el acta de inspección judicial de fs. 894 vta. de obrados, ha demostrado que se encuentra en posesión del predio Esmeralda, en conflicto de sobreposición con el predio Fabiola, sobre 1.193,4643 Has. (Mil ciento noventa y tres hectáreas con cuatro mil seiscientos cuarenta y tres metros cuadrados, donde tiene mejoras consistentes en vivienda de madera con techo de calamina, pozo de agua, pasto sembrado y potreros en la parte en conflicto en aproximadamente 55,8901 Has. (Cincuenta y cinco hectáreas con ocho mil novecientos un metros cuadrados), pero las mejoras del predio AgroBolivia en superficie mayor se encuentran fuera el área en conflicto con el predio Fabiola, por lo que de conformidad al Art. 441 del Código de Procedimiento Civil, se le asigna la fe probatoria reconocida por el Art. 1333 y 1334 del Código Civil.

Asimismo, los terceros interesados Jair Antonio Leonardi Casarotto y Francisco Xavier Monteiro Scudeller, por la prueba documental cursante a fs. 286 a 288 vta., 676 a 678, 680 a 685, la prueba pericial cursante a fs. 899 y la prueba de inspección judicial cursante a fs. 892 y vta., y 893 han probado que las mejoras consistentes alambrado del perímetro, pasto sembrado, divisiones en potreros, vivienda, pozos de agua, tanques de agua, no fueron realizados por el demandante ni por el demandado reconviniente, sino por ellos en forma posterior a la compra realizada al demandado reconviniente Danner Molina Menacho, por lo que de conformidad al Art. 399, parágrafo I, inc.1), 441 del Código de Procedimiento Civil, se le asigna la fe probatoria reconocida por el Art. 1311, 1333 y 1334 del Código Civil.

Con relación al nuevo tercero interesado Juan Carlos Cuellar Algarañaz, subadquirente de Danner Molina Menacho sobre 1.847,0000 Has. (Mil ochocientos cuarenta y siete hectáreas) según prueba documental cursante a fs. 910 a 912 vta., la prueba pericial de fs. 899 y la prueba de inspección judicial cuya acta cursa a fs. 894, se tiene establecido que su posesión se encuentran al lado sur de los predios en conflicto a cuyo interior no se ingresó al realizar la inspección judicial porque la misma se encontraba cerrada con una reja blanca de madera, sin embargo la prueba pericial cursante a fs. 899 refleja la existencia de mejoras en 14,8979 Has. (Catorce hectáreas con ocho mil novecientos setenta y nueve metros cuadrados sobre las que se encuentra en posesión el nombrado tercero interesado, por lo que de conformidad al Art. 399, parágrafo I, inc. 1) y 441 del Código de Procedimiento Civil, se le asigna la fe probatoria reconocida por el Art. 1311, 1333 y 1334 del Código Civil.

CON RELACION AL INTERDICTO DE RETENER LA POSESION

Por la parte reconviniente:

No existen hechos probados

Por la parte reconvenida

1)Ha probado que el reconviniente no se encuentra en posesión ni cumple la función económico social, en el predio Fabiola, por haber transferido casi la totalidad del predio el 11 de junio de 2008 a favor de Jair Antonio Leonardi Casarotto y Francisco Xavier Monteiro, así como el 5 de septiembre de 2008 a favor de Juan Carlos Cuellar Algarañaz, según prueba documental cursante de fs. 286 a 288 vta. y de fs. 911 a 912 vta., antes de interponer la demanda reconvencional del 11 de octubre de 2008, según memorial cursante a fs. 105 a 108 vta., asimismo por la prueba testifical cursante a fs. 778, el acta de inspección judicial cursante a fs. 891 vta., 892, 893 y vta.. se prueba que las mejoras existentes en el predio Fabiola fueron realizados por los nombrados terceros interesados, por lo que de conformidad al Art. 399, parágrafo I, inc. 1) y 476 del Código de Procedimiento Civil, se le asigna la fe probatoria reconocida por el Art. 1311, 1330 y 1334 del Código Civil.

2)Por la prueba testifical de fs. 772, el reconvenido ha desvirtuado que Jorge Lladó Pereyra sea quién perturbó la aparente posesión de Danner Molina Menacho, donde el testigo atribuye la perturbación al señor Mercado, que no es parte principal del proceso sino parte accesoria al ser apoderado de Jorge Lladó, por lo que de conformidad al Art. 476 del Código de Procedimiento Civil, se le asigna la fe probatoria reconocida por el Art. 1330 del Código Civil.

3)Al haberse desvirtuado la perturbación por parte de Jorge Lladó Pereyra, se desvirtúa la fecha de la perturbación, según la prueba testifical de fs. 772, por lo que de conformidad al Art. 476 del Código de Procedimiento Civil, se le asigna la fe probatoria reconocida por el Art. 1330 del Código Civil.

4)Por la prueba pericial cursante a fs. 899 y la prueba de inspección judicial cursante de fs. 891 vta, 892, 893 y vta., y 894 y vta, el reconvenido desvirtuó la existencia de posesión pacífica, continuada e ininterrumpida y el cumplimiento de la función económico social por parte de Danner Molina Menacho, al haberse verificado que quienes actualmente se encuentran en posesión del predio Fabiola son Jair Antonio Leonardi Casarotto y Francisco Xavier Monteiro Scudeller, en los cinco tablones antiguos desmontados en 1996 y los tablones nuevos desmontados en junio de 2008; sobre la parte oeste del predio Fabiola en conflicto con el predio Algarrobo, se encuentran en posesión Ronald Feeney Krause, Jorge Boehme y Ursula Velarde Herrera; sobre la parte del predio La Esmeralda en conflicto con Fabiola, se encuentra en posesión AgroBolivia y sobre la parte sur del predio Fabiola en conflicto con Los Mangos y Algarrobo se encuentra en posesión Juan Carlos Algarañáz, por lo que se le asigna la eficacia probatoria reconocida por el Art. 441, del Codigo de Procedimiento Civil, y Arts. 1330 y 1334 del Código Civil.

Por Los Terceros Interesados

Se reitera los mismos puntos demostrados dentro del proceso interdicto de recobrar la posesión.

CONSIDERANDO:

Que, con las pruebas aportadas y producidas en el proceso, así como al valor probatorio reconocido por el ordenamiento jurídico en vigencia a cada una de ellas, se concluye que se tiene demostrado que:

DENTRO DEL INTERDICTO DE RECOBRAR LA POSESION

Por la parte demandante:

1.La parte demandante demostró haber tenido una aparente posesión sobre un espacio reducido a un pequeño campamento construido de carpa en un tablón del área en conflicto del predio Los Mangos en conflicto con los predios Fabiola y Algarrobo.

1.Asimismo la parte demandante demostró que fue despojada de la anterior posesión por el demandado Danner Molina Menacho mediante el uso de violencia.

2.La parte demandante demostró que la eyección fue el 21 de junio de 2008, vale decir que la eyección se produjo dentro del año para la procedencia de la demanda

Por los terceros interesados:

Los terceros interesados Jair Antonio Leonardi Casarotto y Francisco Xavier Monteiro Scudeller, han probado estar en posesión de aproximadamente 1.299,9992 Has. (mil doscientas noventa y nueve hectáreas, con nueve mil novecientos noventa y dos metros cuadrados), alambrados en todo su perímetro, donde tienen introducidas mejoras en a aproximadamente 438.2001 Has. (Cuatrocientos treinta y ocho hectáreas con dos mil un metros cuadrados).

Los terceros interesados Ronald Feeney Krause, Jorge Boehme Krziwan y Laura Ursula Velarde, demostraron que se encuentran en posesión del área ubicado al lado oeste de los predios en conflicto Los Mangos, Fabiola y Algarrobo, fuera del área transferida a Jair Antonio Leonardi y Francisco Xavier Monteiro.

El tercero interesado Agrobolivia Ltda., ha demostrado que se encuentra en posesión del predio Esmeralda, sobre el área en conflicto de sobreposición con el predio Fabiola de aproximadamente 1.193,4643 Has. (Mil ciento noventa y tres hectáreas con cuatro mil seiscientos cuarenta y tres metros cuadrados), en aproximadamente 55,8901 Has. (Cincuenta y cinco hectáreas con ocho mil novecientos un metros cuadrados), pero las mejoras del predio AgroBolivia en superficie mayor se encuentran fuera el área en conflicto con el predio Fabiola.

Asimismo, los terceros interesados Jair Antonio Leonardi Casarotto y Francisco Xavier Monteiro Scudeller, han probado que las mejoras consistentes alambrado del perímetro, pasto sembrado, divisiones en potreros, vivienda, pozos de agua, tanques de agua, no fueron realizados por el demandante ni por el demandado reconviniente, sino por ellos en forma posterior a la compra realizada al demandado reconviniente Danner Molina Menacho.

Con relación al nuevo tercero interesado Juan Carlos Cuellar Algarañaz, se ha establecido que es subadquirente de Danner Molina Menacho sobre 1.847,0000 Has. (Mil ochocientos cuarenta y siete hectáreas), mas 600 Has. (Seiscientas hectáreas) del predio Fabiola, pero que su posesión se encuentra al lado sur de los predios en conflicto Los Mangos, Fabiola y Algarrobo.

DENTRO DEL INTERDICTO DE RETENER LA POSESION

Por la parte reconviniente:

No ha probado estar en posesión, ni haber sido perturbado por Jorge Lladó.

Por los Terceros Interesados

Se ratifica los puntos probados dentro del proceso interdicto de recobrar la posesión.

Asimismo, se concluye que el demandante no ha dado cumplimiento a los presupuestos básicos contenidos en el Art. 1461, del Código Civil, Art. 607 del Código de Procedimiento Civil, Art. 39 parágrafo I numeral 7 de la Ley 1715, en relación al cumplimiento del principio de la función económico social exigida por el Art. 76 de la Ley 1715, modificada por la Ley 3545, para probar su demanda interdicto de recobrar la posesión.

Finalmente se concluye que el reconviniente no ha dado cumplimiento a los presupuestos básicos contenidos en el Art. 1462 del Código Civil, Art. 602 del Código de Procedimiento Civil y Art. 39 parágrafo I numeral 7 de la Ley 1715, en relación al cumplimiento del principio de la función económico social exigida por el Art. 76 de la Ley 1715, modificada por la Ley 3545, para probar su demanda interdicto de retener la posesión

POR TANTO: El suscrito Juez Agrario de Pailón, administrando justicia agraria, a nombre de la Nación y en virtud a la competencia que ejerce FALLA:

1.Declarando IMPROBADA la demanda interdicto de recobrar la posesión, cursante de fs. 47 a 50, interpuesta por Roberto Mercado Herrera, en representación de Jorge Lladó Pereyra sobre el predio Los Mangos, ubicado entre los cantones Tres Cruces y Pozo del Tigre, provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz, sobre la superficie aproximada de 3.000.0000 Has. (Tres mil hectáreas) según documentos y 3.091.8271 Has. (Tres mil noventa y un hectáreas con ocho mil doscientos setenta y un metros cuadrados) según mensura, ubicados según documentos en la provincia Cordillera y según datos técnicos del IGM, en la compresión de la provincia Chiquitos, cantón El Cerro y según prueba pericial entre los cantones Tres Cruces y Pozo del Tigre de la provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz, en contra de Modesto Molina Menacho, Danner Molina Menacho, Wilton de Oliveira Machado, Carlos Capobianco Menacho, Antonio Fair Fernández y Wilson Cuellar.

Lo anteriormente resuelto también comprende la pretensión de los terceros interesados Jair Antonio Leonardi Casarotto y Francisco Xavier Monteiro Scudeller, en mérito a su memorial de absuelve traslado cursante a fs. 686 a 693 vta. en lo pertinente en relación a la existencia de su posesión con relación a las mejoras efectivamente introducidas en la fracción del predio Fabiola;

2.Declarando IMPROBADA la demanda interdicto de retener la posesión, cursante a fs. 105 a 108 vta., la subsanación de fs. 120 y vta. de obrados, interpuesta por Danner Molina Menacho, sobre la superficie aproximada de 2.989,0128 Has. (Dos mil novecientos ochenta y nueve hectáreas con ciento veintiocho metros cuadrados) del predio Fabiola, ubicados en la comprensión de los cantones Tres Cruces y Pozo del Tigre, provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz.

3.Con relación a los terceros interesados Ronald Feeney Krause, Jorge Boehme Krziwan y Laura Ursula Velarde Herrera, el primero apersonado mediante memorial de fs. 124 y nuevamente con los otros dos últimos mediante memorial de fs. 839 a 842 de obrados se demostró su posesión sobre el área ubicada al lado oeste de los predios en conflicto Fabiola y Algarrobo y con actividad e infraestructura ganadera; asimismo con relación al tercero interesado AgroBolivia Ltda., apersonado mediante memorial de fs. 874 a 875 vta., se demostró que se encuentra en posesión sobre el predio La Esmeralda, con vivienda, pozo de agua, pasto sembrado y potreros ubicado al lado este del predio Los Mangos y sobrepuesta documentalmente con el predio Fabiola; de igual manera con relación al tercero interesado Juan Carlos Cuellar Algarañaz, subadquirente de otra fracción del predio Fabiola, físicamente ubicada en la parte sur del predio en conflicto entre Los Mangos y Algarrobo, donde se estableció que se encuentra en posesión y de igual manera con relación a Hugo Antelo Zankys que si bien no se demostró que se encuentra en posesión, al no definir derechos de propiedad en el presente proceso y al declararse improbadas la demanda interdicto de recobrar la posesión, así como la demanda reconvencional interdicto de retener la posesión, el presente fallo no les afecta sobre sus posesiones ni sobre los posibles derechos de propiedad que pudieran tener sobre las mismas.

Sin costas por tratarse de un proceso doble.

Esta sentencia se registrará donde corresponde, la pronuncio, sello y firmo en la localidad de Pailón, en la fecha.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Fdo.

Juez Agrario de Pailón Dr. Cecilio Vega Oporto

AUTO NACIONAL AGRARIO S1ª Nº 23/2010

Expediente: Nº 2431-RCN-2009

Proceso: Interdicto de Recobrar la Posesión

Demandantes: Roberto Mercado Herrera por Jorge Lladó Pereyra

Demandados: Danner Molina Menacho

Distrito: Santa Cruz

Asiento Judicial: Pailón

Fecha: 23 de abril de 2010

Vocal Relator: Dr. Luís Alberto Arratia Jiménez

VISTOS: Los recursos de casación cursantes de fs. 939 a 942 vta., 953 a 957 y 981 a 985, interpuestos contra la sentencia pronunciada por el Juez Agrario con asiento judicial en Pailón, dentro del proceso interdicto de recobrar la posesión seguido por Jorge Lladó Pereyra representado por Roberto Mercado Herrera contra, los reconvinientes Danner Molina Menacho, Modesto Molina Menacho, Carlos Capobianco Menacho, Wilson Cuellar Menacho, Wilton de Oliveira Menacho y Antonio Fair Fernandez,, los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO: Que Jorge Lladó Pereyra representado por Roberto Mercado Herrera interpone recurso de casación en la forma y en el fondo contra la Sentencia Nº 02/2009 de 1 de abril de 2009, dictada por el Juez Agrario de Pailón, fundamentando que la Sentencia debe guardar congruencia entre la parte considerativa donde se efectúa la valoración y análisis jurídico legal y la parte resolutiva que de manera positiva define los derechos litigados, siendo esta la consecuencia de la valoración de la prueba y el análisis jurídico, aspecto que no se cumple en la Sentencia dictada, puesto que en el punto de hechos probados por la parte demandante basada en la prueba documental, testifical e inspección judicial, se ha demostrado el cumplimiento de los presupuestos exigidos para el Interdicto de Recobrar la Posesión, situación que el a quo tiene como hechos probados en la parte considerativa y con referencia a la demanda y la reconvención, sin embargo en la parte resolutiva de la Sentencia se declara improbada la demanda, y demostrada esta incongruencia pide que los Vocales del Tribunal Agrario Nacional anulen la Sentencia hasta el vicio más antiguo.

En lo referente al planteamiento del recurso de casación en el fondo arguye que, dentro del proceso fue demostrado el cumplimiento del art. 166 de la anterior C.P.E. y 397 de la actual Constitución; así como los arts. 1285 y 1286 del Cód. Civ. y 397 de su procedimiento, los cuales establecen que el trabajo es la fuente fundamental para adquirir y conservar la propiedad privada agraria, de donde se tiene que el trabajo además de otorgar la prelación al acceso al derecho de propiedad, permite tutelar la posesión con los interdictos ya que al tutelar la posesión se tutela también la producción, hecho que fue demostrado además del avasallamiento por la parte contraria, por otra parte el Juez de la causa no ha tomado en cuenta que las 320,0000 hectáreas desmontadas desde el año 1996 significan cumplimento de la F.E.S., y que la parte reconvincente ha demostrado su incumplimiento además de no fundamentar en que prueba se ha basado, también manifiesta que se ha demostrado la posesión solo en una parte del terreno objeto de la litis. De esta forma el juez a quo no ha hecho una correcta interpretación axiológica de los artículos mencionados y con la Sentencia dictada niega la posesión reconocida por autoridad competente desde el año 1996, la cual sirve de sustento a la familia de su poder conferente, infringiendo así los arts. 76, 41 numeral 2 y 48 de la L. Nº 1715; con esos fundamentos sostiene que los señores Magistrados casaran la Sentencia y en consecuencia dictaran probada la demanda otorgando la tutela jurídica en la posesión total de la propiedad de su mandante conforme se demanda.

Arguye que el juez de la causa no ha valorado correctamente la documentación cursante a fs. 10 a 12 de obrados, referida a la Sentencia Ejecutoriada de Amparo y Garantías otorgada al vendedor de su poder conferente, literal que demuestra la conjunción de posesión que emana dicho documento y de forma imaginativa, la autoridad jurisdiccional recurrida, colige que los terceros interesados Jair Antonio Leonardo Casarotto y Francisco Xavier Monteiro hicieron mejoras a las 320,0000 has., otorgándoselas gratuitamente a estos ciudadanos brasileros, reconociendo inclusive el primero de los nombrados que no habría realizado ninguna mejora sobre las 438.2001 has. "entregando" el trabajo del actor y sus mejoras a los terceros interesados y desconociendo el derecho que le asiste. Con dichos fundamentos, sostiene que la Sentencia recurrida ha incumplido con el art. 612 del Cód. Pdto. Civ., ya que se ha confundido la demanda reconvencional con uno de mejor derecho propietario, acciones distintas y normadas específicamente en el art. 87 del Cód. Civ.; puesto que el juez de la causa reconoce el derecho de los terceros interesados en base a una supuesta transferencia de dominio del predio "Fabiola" por parte de los demandados.

Arguye que los recurrentes no han tenido una quieta, continua, pacífica y legal posesión sobre el predio Fabiola y que no han ejercido su poder de hecho ya que la posesión la ha tenido su mandante hasta el 21 de julio de 2008.

Por otra parte sostiene que en los documentos aparejados cursantes a fs. 10 a 12 de obrados, ya citados y relativos a la ubicación geográfica de los predios "Los Mangos" y "El Tigre"; en lo referente al primero de los predios nombrados se falla declarando probada la demanda y se "concede el AMPARO Y GARANTIAS, a favor del demandante en una extensión de 3.000 Has. y que comprende las propiedades El Tigre y Los Mangos y El Torbellino(..)", y en el Considerando III en la parte final señala textualmente "Que: De la inspección ocular se pudo comprobar la existencia de trabajos agrícolas consistentes en un deslinde de 2.800 metros de largo por 4 metros de ancho y un desmonte de 368 Has., realizado por el demandante, y se verificó también la existencia de 15 has., de desmonte acordonado, efectuada por la parte demandada", continúa manifestando que del Informe emitido por el I.G.M., se demuestra la ubicación de los predios antes mencionados y que el predio Fabiola no existía como colindante.

Arguye que el juez de la causa aceptó el memorial presentado por el tercero interesado Juan Carlos Cuellar Algarañaz, sub adquiriente del demandado, sobre "1.847.000" has. correspondientes al predio Fabiola, memorial presentado con posterioridad a la inspección ocular, el cual no fue de conocimiento de su mandante así como tampoco la supuesta prueba; reconociendo el juez a quo mejoras en 14.8979 has., sin haber verificado las mismas, por lo que se ha vulnerado el derecho a la defensa y al debido proceso, literales que el a quo no consideró en Sentencia, vulnerando así lo establecido en los arts. 3 inc. 3) del Cód. Pdto. Civ. y 1286 y 1296 del Cód. Civ.

Por todo lo argumentado y amparado en el art. 87.I de la L. Nº 1715 y habiendo dado cumplimiento a lo requerido por el art. 258 del Cód. Pdto. Civ., recurre de casación en el fondo y en la forma contra la mencionada Sentencia y pide sea admitida y remitida al Tribunal Agrario Nacional solicitando que al tenor de los arts. 271 inc. 4) y 274 de dicho cuerpo normativo se case el "Auto de Vista" ipso jure.

Corrido en traslado a la parte demanda y reconviniente, esta por memorial de fs. 950 a 951 de obrados responde al recurso antes referido argumentando que, el recurrente pretende amparar infundadamente su recurso en el art. 254 inc. 4) del Cód. Pdto. Civ., el cual instituye la nulidad procesal para los casos en que el juzgador haya otorgado mas de lo pedido, lo cual no sucede, ya que el a quo no le ha dado ni reconocido nada al recurrente, y de los argumentos respecto a la incongruencia en la Sentencia pareciera, que el recurrente leyó mal o ni siquiera leyó la Sentencia recurrida ya que el juzgador expresó que el actor habría tenido una aparente posesión sobre un espacio reducido a un campamento, en consecuencia ningún juzgador puede dictar una sentencia en base a supuestos.

Respecto al recurso de casación en el fondo, el demandado Danner Molina Menacho, sostiene que el actor invoca el art. 253 incs. 1), 2) y 3) del Cód. Pdto. Civ., aduciendo que el juzgador habría incurrido en interpretación y aplicación errónea de la ley, ilegal apreciación de la prueba; en el presente caso - dice - el actor refiere que el juez a quo no habría valorado la documental aparejada a fs. 10 a 12 de obrados, con la cuál probaría plenamente la F.E.S. del predio "Los Mangos"; y siendo que dicha documental se refiere a una Sentencia emitida por un Inspector Departamental de Trabajo Agrario, por la cuál se otorga amparo y garantías a favor de los predios "El Tigre", "Los Mangos" y "El Torbellino"; de la cuál se tiene que dicha literal al ser una fotocopia legalizada tiene la fuerza probatoria establecida por el art. 1289 del Cód. Civ. haciendo plena fe de los hechos que el funcionario público dejó constancia en la misma; en segundo lugar, se tiene que el predio "Los Mangos", se encuentra ubicado en la provincia Cordillera lo cual es corroborado por los instrumentos que corren a fs. 7, 8, 9, 127 y 128; consecuentemente el demandante no puede argüir falazmente que el fundo rustico "Los Mangos" se encuentra según datos técnicos del IGM en la provincia Chiquitos; en tercer lugar, los hechos amparados por la Sentencia de marras se dieron hace mas de 12 años (1996) lo cuál no puede servir para justificar la negada posesión que el demandante aduce haber tenido en el año 2008.

Manifiesta para concluir que si el juez de la causa hubiera fundado su sentencia en las documentales aparejadas a fs. 10 a 12 de obrados, hubiera incurrido en prevaricato, ya que del análisis de la prueba se tiene que el actor tuvo o tiene una propiedad en el cantón Izozog y que en el año 1996 fue amparado por un Inspector Agrario cosa que no le afecta ya que su propiedad se encuentra ubicada en el cantón Cerro. Por todo lo expuesto solicita se declare Infundados los recursos, con expresa condenación de costas.

CONSIDERANDO: Que paralelamente a fs. 953 a 957 de obrados, cursa el recurso de casación en la forma contra la Sentencia Nº 02/2009, interpuesto por Danner Molina Menacho, en el que manifiesta que el apoderado del actor en cuanto a la ubicación del predio de manera ambigua consignó en la demanda que el terreno objeto de la litis se encuentra ubicado en el cantón Izozog provincia Cordillera y según información del I.G.M. se encuentra ubicado en el cantón El Cerro provincia Chiquitos, incoherencia que debió ser observada de oficio por el juzgador para determinar su competencia, sin embargo dicha autoridad repite y admite textualmente tales ambigüedades.

Manifiesta que en la oportunidad de la audiencia principal se pidió al actor aclarar sobre la dudosa y contradictoria ubicación del predio y no lo hizo, asimismo se planteó la nulidad de actuados por la incompetencia del juez, la cual fue rechazada bajo el argumento de que "la impugnación respecto a su competencia debió ser propuesto como excepción, declinatoria o inhibitoria", en uso del recurso de reposición, esta resultó confirmada negándose a sanear el proceso.

Argumenta que el juez a quo no puede desconocer que fue la parte actora la quién arrimó al expediente las evidencias y documentos públicos que acreditan que el terreno objeto de la litis se encuentra en la provincia Cordillera, así también lo acredita la literal cursante a fs. 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de obrados, documentos que tienen plena fuerza probatoria y hacen plena fe de las declaraciones que contienen, conforme a los arts. 1287 y 1289 del Cód. Civ. Menciona que el Informe emitido por la IGM carece de valor legal ya que es una simple fotocopia, los documentos cursantes a fs. 15 y 16 también constituyen vulgares actos de falsedad material.

Refiere que el hecho de que se haya recurrido a documentos públicos que cursan en el expediente, no significa que se esté ponderando algún derecho propietario alejándose de la acción interdictal posesoria, como reclama el actor, mas al contrario ante la ambigüedad introducida por este respecto a la ubicación del predio "Los Mangos" y que lamentablemente el juez de la causa ha aceptado complacientemente estas ilegalidades, el juez ha incurrido en la nulidad prevista por el art. 254 inc.1) del Cód. Pdto. Civ. al actuar sin competencia, hecho previsto constitucionalmente por las normas contenidas en los arts. 6 y 10 del Cód. Pdto. Civ. y arts. 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de la L.O.J., art. 33 parágrafo III de la L. Nº 1715, al efecto cita jurisprudencia agraria en cuanto a la competencia de los jueces agrarios.

Por todo lo expuesto manifiesta que ha demostrado que el Juez Agrario de Pailón ha desconocido las normas de competencia, por lo cual y de conformidad a los arts. 251 y 252 del Cód. Pdto. Civ. solicita que el Tribunal Agrario Nacional casando en la forma anule obrados hasta la admisión de la demanda.

Arguye también que el a quo actuó de manera desordenada, discrecional, dilatando y desconociendo los elementales principios e instituciones procesales que garantizan un debido proceso, en cuanto a la errónea consignación del nombre del demandado manifiesta que el apoderado del actor dirige su demanda contra Dagner Molina Menacho, extremo que puso en evidencia a tiempo de apersonarse, sin embargo la autoridad jurisdiccional mediante decreto dispuso de manera oficiosa y parcializada que: "se tiene por aclarado su nombre correcto, en los términos expuestos en el memorial que antecede (..)" , razón por la que se habría conculcado el art. 811 del Cód. Civ.

Por otro lado, el juez agrario emplaza a los terceros interesados y fundamenta esta decisión en la Sentencia Constitucional 1351/2003, situación que fue cuestionada en audiencia ya que este solo puede ser aplicado a los recursos constitucionales toda vez que el procedimiento civil supletoriamente aplicado al agrario tiene su propia norma prescrita en el art. 67 del Cód. Pdto. Civ., tal como lo ha reconocido la Jurisprudencia Agraria; a través del Auto Nacional Agrario S1ª Nº 8 de 17 de febrero de 2008. Asimismo el a quo emplaza a múltiples terceros interesados sin considerar el principio de preclusión procesal, llegando incluso a revocar obrados luego de percatarse sobre los puntos de hecho a probar y produciendo la prueba testifical de esta manera ingresa al proceso el señor Ronald Feeney Krause, después se emplaza a Hugo Antelo Zankys, para posteriormente emplazar a Jair Antonio Leonard Casarotto y Francisco Xavier Monteiro Scudeller, posteriormente en plena audiencia se apersona la Empresa AGROBOLIVIA y formula incidente de oposición y el juzgador reconoce esta intervención en calidad de tercero interesado, además que el abogado del actor refiere que el recurrido Danner Molina habría vendido una fracción del predio en litis a favor de Juan Carlos Cuellar Algarañaz, sin embargo el juez recurrido no dispuso la citación de este potencial tercero interesado, quién voluntariamente se apersona antes de dictar sentencia, de esta manera han entrado a debate varios sujetos procesales que han buscado apuntalar y fortalecer la inconsistente demanda del actor.

Arguye que según el art. 330 del Cód. Pdto. Civ. las pruebas documentales deberán acompañarse con la demanda, contestación o reconvención cuando corresponda; en el presente caso, sostiene que el juzgador ha consentido el extemporáneo y abusivo ofrecimiento de prueba de la parte actora en su afán de demostrar lo inexistente, además que al momento de haberse realizado la inspección ocular y pericial a altas horas de la noche en las que el juzgador solo podía observar lo que las linternas le permitían ver; manifiesta también que el a quo admitió como pruebas documentales las cursantes a fs. 2 a 12 de obrados, que lo único que acreditan es la incompetencia territorial del Juez de Pailón, ya que si este hubiere rechazado las mencionadas pruebas el actor no estuviera interponiendo ahora recurso de casación en el fondo por la ilegal apreciación de la prueba.

Concluye que resulta una arbitrariedad, el hecho de que el Juez Agrario de Pailón admita y reconozca la condición de pruebas documentales a simples fotocopias, arguyendo que no habrían sido desconocidas por la parte contraria conforme el art. 1311 del Cód. Civ.

Por todo lo expuesto solicita se reponga obrados hasta la admisión de la demanda.

Por otro lado los terceros interesados Jair Antonio Leonari Casarotto y Francisco Xavier Monteiro Scudeiller, mediante memorial cursante a fs. 962 a 968 de obrados, contestan a los recursos planteados, arguyendo en lo que respecta al primero de ellos que la Sentencia de 01 de abril de 2009, ha sido dictada guardando todos los requisitos y exigencias que impone el art. 190 del Cód. Pdto. Civ., declarando improbadas tanto la demanda principal como la reconvencional, ante la existencia real y cierta de su derecho posesorio, sobre una parte del predio denominado "Fabiola", en la superficie aproximada de 1299,9992 has.; ya que el recurso de casación en la forma intentado por el actor denuncia únicamente la mala interpretación e indebida aplicación de la ley procesal, cuando debía denunciar tales infracciones en el proceso, situación que amerita la negación de su concesión, ya que contraviene e incumple lo preceptuado por los arts. 254 incs. 1) al 7) y 258 inc. 2) del Cód Pdto. Civ., pues no se denuncia que en la Sentencia recurrida, el a quo hubiera incurrido en violación o conculcación de una de las formas esenciales del proceso, por lo que solicitan se niegue la concesión del recurso de casación en la forma planteado por Jorge Lladó Pereyra con la imposición de costas y multas. En lo referente al recurso de casación en el fondo intentado por el actor - sostienen que este último - denunció que el a quo ha incurrido en errónea interpretación y aplicación de la ley, por lo que se hubieran violado e interpretado indebidamente los arts. 166 de la anterior C.P.E.; 397 del nuevo texto Constitucional; 1285, 1286 del Cód. Civ.; 397 de la norma adjetiva civil y los arts. 41.2, 48 y 76 de la L. Nº 1715, puesto que el demandante no habría incumplido con la función económico social; extremo que resultó desvirtuado de su parte mediante la literal que adjuntaron al proceso y que le permitieron concluir al a quo, que el actor no tuvo posesión quieta y pacífica sobre el predio en litigio, aspecto cumplido por parte de los terceros interesados, conforme sostiene la Sentencia recurrida en su Considerando II.A-I, referido a los hechos probados por parte de los terceros interesados; por otro lado se denuncia también la ilegal y subjetiva apreciación de la prueba cursante a fs. 10 a 12 de obrados, la cual - a decir de éstos - resulta anacrónica y extemporánea a la interdictal de recobrar la posesión, entendida también así por el juzgador, pues refieren que dicha literal no basta por sí sola para demostrar la posesión del actor por un lapso mayor a doce años; en lo referente al Informe evacuado por el I.G.M., sostienen que el mismo sirvió de base para la dictación de la Sentencia ahora recurrida; razón por la cual solicitan se declare infundado el recurso de casación en el fondo con expresa condenación de costas y multas para el recurrente.

Respecto al recurso de casación en la forma interpuesto por Danner Molina Menacho, los terceros interesados sostienen que la solicitud de nulidad de obrados por incompetencia territorial del a quo, así como la tramitación del proceso teniendo como parte demandada a una persona que no existe, el emplazamiento de terceros interesados que atinge al procedimiento de amparo constitucional exclusivamente y para concluir la denuncia de nulidad por infracción del art. 330 del Cód. Pdto. Civ., referido a la oportunidad de proponer y producir prueba - sostienen - que la nulidad procesal se sustenta en los principios de especificidad, convalidación y trascendencia, que el a quo tiene competencia para conocer la presente causa en virtud a que el actor pretende posesión en un predio ubicado en el cantón el Cerro de la provincia Chiquitos y que las supuestas nulidades pretendidas no se encuentran contempladas en las causales de nulidad que establece el art. 247 de la L.O.J., por lo que dicho recurso de nulidad resulta infundado.

A fs. 972 a 975 de obrados, "AGROBOLIVIA Ltda.", empresa legalmente representada en el proceso que nos ocupa por Freddy Gutiérrez Gutiérrez, en calidad de tercero interesado, contesta al recurso de casación en la forma interpuesto por Danner Molina Menacho, argumentando que la empresa a la que representa, probó en el referido proceso encontrarse en quieta y pacífica posesión del predio denominado "La Esmeralda" y que el predio "Fabiola" se encuentra arbitrariamente superpuesto al primero de los fundos mencionados en una extensión de 1193,4643 has.; continúa manifestando que el juzgador de instancia ha valorado la literal producida en el proceso conforme al régimen agrario establecido por el art. 166 de la anterior C.P.E. y 397 de la nueva C.P.E., de manera que al admitir la intervención de terceros interesados, ha procedido correctamente, pues lo contrario implicaría provocar indefensión y atentar contra los derechos fundamentales y garantías constitucionales, valorando correctamente la posesión agraria y los requisitos de procedencia para el interdicto de retener la posesión, razón por la cual Danner Molina Menacho, no pudo demostrar su posesión sobre el predio "Fabiola" y menos la función social o económico social, a decir suyo, lo que sí quedó demostrado, es que el último de los nombrados, obtuvo la titulación del predio "Fabiola" empleando una serie de ilícitos penales, transfiriendo el predio fraccionadamente a terceras personas; por lo expuesto sostiene que el recurso intentado incumple con los requisitos previstos por ley, debiendo ser declarado infundado con la imposición de costas.

CONSIDERANDO: Que Hugo Antelo Zankys, en su calidad de tercero interesado por memorial cursante a fs. 981 a 985 de obrados, interpone recurso de casación en la forma y en el fondo, bajo los mismos argumentos de su similar que cursa a fs. 939 a 942 vta., el cual resultó admitido mediante Auto Nº 048/2009, de 28 de mayo del mismo año.

CONSIDERANDO: Que el recurso de casación como medio de impugnación extraordinario, es considerado como una demanda nueva de puro derecho, en la que se expone la violación, interpretación errónea o indebida aplicación de leyes en la decisión de la causa, así como el error de derecho o de hecho en la apreciación y valoración de la prueba, que en este último caso, deben evidenciarse mediante actos auténticos o documentos que inobjetablemente demuestren la equivocación manifiesta del juzgador. Que, en ese contexto, analizadas las infracciones acusadas en los recursos de casación en la forma y en el fondo, en la manera en que fueron planteados, debidamente compulsadas con los actuados y medios probatorios del caso de autos, se tienen los siguientes elementos de juicio:

1. Que el recurso de casación en la forma formulado por el actor Jorge Lladó Pereyra representado por Roberto Mercado Herrera contra la referida Sentencia cursante de fs. 928 a 937 de obrados, se ampara en el art. 254 inc. 4) del Cód. Pdto. Civ. y arguye que dicha sentencia debe ser emitida conforme el art. 192 inc. 2) del mismo cuerpo normativo, precepto que lleva inmerso el principio de congruencia, aspecto incumplido en la Resolución recurrida, por cuanto en la parte considerativa referida a los hechos a probar por la parte demandante, se estableció el cumplimiento de los presupuestos exigidos por el art. 607 de la norma adjetiva civil y extrañamente en la parte resolutiva se declara improbada la demanda del actor; en el caso de autos se tiene que la sentencia recurrida estableció que dentro del proceso interdicto de recobrar la posesión y en lo que respecta a los hechos probados por la parte demandante (fs. 931 vta. y 932 de obrados) "demostró una aparente posesión sobre un espacio reducido a un pequeño campamento construido de carpa del área en conflicto denominado según la parte demandante Los Mangos, por la presencia de dos cuidantes en dicho campamento (..)", afirmación que a todas luces concuerda con la parte resolutiva de la Sentencia recurrida al declarar improbada la demanda interdicta de recobrar la posesión, puesto que una aparente posesión sobre un espacio reducido a un pequeño campamento construido con carpa, no es propiamente el poder de hecho ejercido sobre el predio en litigio, esto equivale a decir que el actor no demostró su posesión y que por lo tanto la Sentencia recurrida no resulta contradictoria, por el contrario, dicha resolución guarda plena coherencia entre la parte considerativa y resolutiva, de donde resulta que no se vulneraron los arts. 254 inc. 4) y 192 inc. 2) del Cód. Pdto. Civ., resultando en consecuencia infundado el recurso de casación en la forma intentando por Roberto mercado Herrera en representación de Jorge Lladó Pereyra.

2. Con referencia al recurso de casación en el fondo intentado por Jorge Lladó Pereyra representado por Roberto Mercado Herrera contra la ya referida Sentencia, se denuncia errónea interpretación y aplicación de la ley, por cuanto el juez recurrido no llevó en consideración lo preceptuado por los arts. 166 de la anterior C.P.E.; 397 de la nueva Ley Fundamental; así como los arts. 1285 y 1286 del Cód. Civ.; 397 de su procedimiento y los arts. 41.2, 48 y 76 de la L. N° 1715, por cuanto el actor no incumplió la función económico social. Al respecto se debe precisar que de la atenta lectura la de la Resolución recurrida, se observa que la misma efectúa la debida interpretación y aplicación de la ley, así como el análisis fáctico y legal con decisión expresa, positiva y precisa sobre lo litigado, habiendo el juez de instancia resuelto congruentemente la pretensión deducida, que estando la misma referida al interdicto de recobrar la posesión se establece como requisitos de admisión o procedencia que el actor debe acreditar la posesión en que se encontraba, el día en que hubiere sufrido la eyección y la desposesión sufrida, requisitos a los que se añade el previsto por el art. 592 del mismo código ritual, que señala que los interdictos deben interponerse dentro del año de producidos los hechos en que se fundaren; extremos que no han sido demostrados por la parte actora en su totalidad; desprendiéndose de lo anterior cabe aclarar que en un interdicto de recobrar la posesión se ventila la acción de defensa de la posesión en la que no está en cuestión el derecho propietario, es decir que de conformidad a lo estatuido por el art. 607 del Cód. Pdto. Civ., aplicable al caso de autos en mérito al art. 78 de la L. Nº 1715; precisamente el a quo circunscribiéndose dentro de este marco, estableció como uno de los hechos a probar el haber estado en posesión en la superficie del fundo objeto de la demanda, con especificación de actividades y mejoras que tenía, así como la ubicación y superficies de las mismas dentro del área de conflicto, tiempo de su posesión y el cumplimiento de la función económico social - entre otros -; extremos que se reitera no pudieron ser demostrados por el actor, por el contrario los terceros interesados demostraron sus posesiones y mejoras a través de la prueba pericial y la inspección judicial, de donde resulta que no es evidente la errónea interpretación y aplicación de la ley, menos la conculcación de lo preceptuado por los arts. 166 de la anterior C.P.E.; 397 de la nueva Ley Fundamental; así como los arts. 1285 y 1286 del Cód. Civ.; 397 de su procedimiento y los arts. 41.2, 48 y 76 de la L. N° 1715.

Con referencia a la supuesta ilegal apreciación de la prueba y su no consideración, específicamente la literal que cursa a fs. 10 a 12 y 14 de obrados respectivamente, referidas a Sentencia de 15 de mayo de 1996 dictada por la Inspectoría Departamental del Trabajo Agrario y Justicia Campesina y el Informe de 9 de enero de 1996 evacuado por el Instituto Geográfico Militar y Catastro Nacional; corresponde manifestar que la primera de las literales resulta insustancial a momento de la consideración de una demanda interdictal de recobrar la posesión, pues como ya se dijo la naturaleza jurídica de este tipo de proceso y en lo que se refiere a la prueba, se circunscribe a la demostración de la posesión en que se encontraba el actor, el día en que hubiere sufrido la eyección y la desposesión sufrida; en el entendido de que la literal que se acusa de ilegal apreciación (Sentencia de 15 de mayo de 1996 dictada por la Inspectoría Departamental del Trabajo Agrario y Justicia Campesina), la mismas no permite colegir dicha posesión, siendo consecuentemente impertinente, conclusión a la que arribó el a quo en base a la prueba documental de cargo cursante a fs. 202 a 203, la testifical cursante a fs. 745, 780 vta. y acta de inspección judicial cursante a fs. 891 vta.

Respecto a la no consideración del Informe de 9 de enero de 1996 evacuado por el Instituto Geográfico Militar y Catastro Nacional, corresponde manifestar que dicho informe si fue considerado por el a quo, precisamente a momento de determinar su competencia territorial, tal y como se desprende de la Sentencia recurrida (fs. 936 vta. de obrados), es decir que la afirmación de la no consideración de dicha literal no resulta evidente. Por lo manifestado se concluye que la autoridad jurisdiccional recurrida, Juez Agrario con asiento judicial en Pailon no incurrió en errónea interpretación y aplicación de la ley, menos aún la violación e interpretación indebida de los arts. 166 de la anterior C.P.E.; 397 del nuevo texto Constitucional; 1285, 1286 del Cód. Civ.; 397 de la norma adjetiva civil y los arts. 41.2, 48 y 76 de la L. Nº 1715.

3. Con relación al recurso de casación en la forma, planteado por el demandado reconvencionista Danner Molina Menacho, que denuncia la nulidad de obrados por incompetencia territorial del a quo, así como la tramitación del proceso teniendo como parte demandada a una persona que no existe, el emplazamiento de terceros interesados que atinge al procedimiento de amparo constitucional exclusivamente y para concluir la denuncia de nulidad por infracción del art. 330 del Cód. Pdto. Civ., referido a la oportunidad de proponer y producir prueba; corresponde manifestar que de la revisión de obrados, se observa que el Juez con asiento judicial en Pailón, en ejercicio de su rol como director del proceso, en esa su calidad, y en consideración de lo establecido por el art. 33 de la L. Nº 1715, determinó su competencia territorial a objeto de conocer el proceso interdicto de recobrar la posesión, de manera que ejerció jurisdicción dentro de su ámbito territorial, conforme al art. 33 concordante con el art. 39 numeral 7, ambos de la L. Nº 1715 y en el entendido de que la demanda interdicta de recobrar la posesión fue incoada respecto del predio denominado "Fabiola", el mismo que se encuentra ubicado en el cantón El Cerro, de la provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz, siendo la competencia territorial del Juzgador las Provincias: Chiquitos, Ñuflo de Chávez (Tercera Sección San Ramon - Cuarta Sección San Julian y Sexta Sección Cuatro Cañadas) Guarayos, entonces se tiene que dicha autoridad jurisdiccional tramitó y desarrolló la causa en observancia fiel y debida de los principios que rigen la materia y en razón de su competencia territorial, respaldada en las literales cursantes a fs. 15 y 16.

En lo que respecta a los extremos referidos a la tramitación del proceso teniendo como parte demandada a una persona que no existe, el emplazamiento de terceros interesados que atinge al procedimiento de amparo constitucional exclusivamente y la denuncia de nulidad por infracción del art. 330 del Cód. Pdto. Civ., no resultan evidentes, pues no se vulneraron normas del debido proceso que signifiquen perjuicio o indefensión real y objetiva al recurrente Danner Molina Menacho y menos implica que el juez de instancia hubiera perdido competencia para el conocimiento del caso de autos, al estar compelido por ley para concluir el proceso que le tocó conocer y tramitar, obedeciendo a los principios de oralidad e inmediación que rige la tramitación de los procesos orales agrarios consagrados por el art. 76 de la L. N° 1715; por lo que no existe vulneración a normativa señalada por el recurrente.

De los antecedentes señalados se tiene que no concurren los principios procesales que hacen a la nulidad de obrados, vale decir de especificad , toda vez que ningún trámite será declarado nulo si la nulidad no estuviere determinada por la Ley; trascendencia , que determina que no hay nulidad sin perjuicio, que quiere decir que la supuesta infracción cause daño y convalidación , por la cual, toda violación de forma que no sea reclamada oportunamente por el posible perjudicado, se considera convalidada con el consentimiento tácito.

4. Respecto al recurso de casación en la forma y en el fondo, cursante a fs. 981 a 985 de obrados, intentado por Hugo Antelo Zankys, que interviene en el proceso de referencia en calidad de tercero interesado, se debe manifestar que de conformidad a lo establecido por el art. 213.I del Cód. Pdto. Civ., las resoluciones judiciales resultan recurribles mediante impugnación de la parte perjudicada y en concordancia con el referido artículo se tiene que la intervención esencial de las personas en un proceso, son el demandante, el demandado y el juez (art. 50 de la norma adjetiva civil), normas que resultan aplicables al caso por el régimen de supletoriedad previsto por el art. 78 de la L. Nº 1715, es decir que la facultad de recurribilidad se encuentra ligada a la calidad de partes, consecuentemente, la impugnabilidad subjetiva de una resolución se halla asociada a la condición de parte o a quien de acuerdo a ley le este facultado tener legitimación en un recurso, ahora bien el Tribunal Constitucional ha establecido a través de su jurisprudencia en la SC Nº 1453/2005-R, de 11 de noviembre que: "En este sentido, solamente las partes procesales de un proceso pueden recurrir cuando han sido afectadas con alguna situación; asimismo, si bien se reconoce que cualquier persona que se sienta afectada con la Resolución tendrá derecho a recurrir, sin embargo, se entiende que tal legitimación solo se activa, tratándose de terceras personas que se encuentren afectadas con la resolución dictada ", (las negrillas y subrayado son nuestros). En el caso de autos se tiene que el recurrente de casación Hugo Antelo Zankys, intervino en el proceso de origen en calidad de tercero interesado y es en esta calidad que su participación se encuentra limitada, máxime si se evidencia que la Sentencia Nº 02/2009, de 1 de abril de 2009 no le afecta; sumado a ello se debe considerar que al resultar el recurso de casación equiparable a una demanda nueva de puro derecho, es necesario que los recurrentes que lo activen intervengan en calidad de parte en el proceso de origen, conforme prevé el art. 272 inc. 3) del Cód. Pdto. Civ., por lo que el recurso de referencia no debió ser admitido por el Juez A quo, correspondiendo por tanto a este Tribunal declararlo improcedente.

Que, por todo lo expuesto precedentemente, al no existir causa alguna para disponer la nulidad de obrados o la casación de la Sentencia recurrida, corresponde dar estricta aplicación a los arts. 87.IV de la L. N° 1715, 271 inc. 2), 272 inc. 3) y 273 del Cód. Pdto.Civ., aplicables supletoriamente por disposición del art. 78 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria.

POR TANTO: La Sala Primera del Tribunal Agrario Nacional, declara INFUNDADOS los recursos de casación de fs. 939 a 942 vta., 953 a 957, con costas e IMPROCEDENTE el recurso de casación cursante a fs. 981 a 985 con costas.

Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 9 del Reglamento de Multas Procesales del Poder Judicial, aprobado por Acuerdo N° 144/2004 de 9 de noviembre de 2004 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura, se sanciona a todos los recurrentes con la multa que se califica en la suma de Bs. 100.- que se hará efectivo por el Juez Agrario de Pailón.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo.

Vocal Sala Primera Dr. Luís Arratia Jiménez

Vocal Sala Primera Dr. Ivan Gantier Lemoine